Discriminación por código postal


La discriminación por código postal se produce cuando el lugar de residencia se convierte en un dato que crea una barrera de acceso a una prestación sanitaria a la que se tiene derecho.

Miguel A. Ramiro Avilés
Miguel A. Ramiro Avilés. Director de la Cátedra Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos de la Universidad de Alcalá

A través de las consultas recibidas en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá (Madrid), que es parte de un proyecto de investigación del plan nacional de I+D+i y a través del cual un grupo de estudiantes y docentes ofrecen asesoramiento legal gratuito, se ha podido observar cómo el lugar de residencia no siempre se utiliza como un criterio necesario para gestionar de manera más eficiente las prestaciones sanitarias. En determinadas ocasiones, el lugar de residencia se convierte en una barrera de acceso que impide a las personas, a pesar de cumplir con los criterios clínicos y con los requisitos de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud, el disfrute del derecho a la protección de la salud en igualdad de condiciones.

Diversas consultas sobre el acceso al medicamento para el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico (SHUA), del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o más recientemente sobre la profilaxis para el virus respiratorio sincitial (VRS), también conocido como el virus de los bebés, muestran que en España el acceso a determinados tratamientos tanto preventivos como curativos no sólo se basa en criterios clínicos. Entre esos criterios no clínicos destacarían la residencia y el coste económico, que, aunque son diferentes, pueden llegar a estar relacionados pues unos códigos postales son más ricos que otros.

La residencia y el coste económico son criterios necesarios para la gestión y la sostenibilidad del sistema público de salud pero, como ha señalado el Tribunal Constitucional, las administraciones públicas competentes tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles (STC 139/2016). De ese modo, ni uno ni otro pueden generar un trato diferenciado que sea discriminatorio (STC 49/1982) o dejar sin efecto el derecho a la protección de la salud, que, en algunas ocasiones, está interconectado con el derecho a la vida e integridad física (STC 37/2011).
El acceso diferenciado a las prestaciones sanitarias basado en el código postal sólo será legítimo si es un criterio que no configura supuestos de hecho, de manera que se dé un trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista, se encuentran en la misma situación (STC 181/2000). Por tanto, es discriminatorio que en una misma comunidad una familia tenga acceso, por ejemplo, al tratamiento profiláctico del VRS, y otra no lo tenga por el simple hecho de que a la primera le corresponda por código postal un hospital y a la segunda con código postal diferente le corresponda otro. De igual forma, también sería discriminatorio si esas dos familias residieran en comunidades autónomas diferentes pues el tratamiento profiláctico del VRS, por seguir con el mismo ejemplo, está incluido en la prestación farmacéutica que se hace efectiva a través de la cartera común de servicios para todo el territorio nacional.

Por último, no sería una discriminación, pero sí una inequidad, que la terapia en discusión no estuviera incluida en la cartera común de servicios sino en la cartera de servicios suplementarios de una autonomía y no de otra; de tal forma que una familia pudiera acceder y la otra no por el simple hecho de residir en un lugar o en otro. Ese caso, permitido por la legislación vigente, ejemplificaría la separación entre la legalidad y la justicia pues además del propio principio de justicia, que exige un reparto equitativo de cargas y beneficios, se estaría vulnerando el principio de no maleficencia al verse afectada la vida y la integridad física de la persona que no puede acceder a la medicación.

Sin información para reclamar

Esta discriminación por código postal se agrava por la situación de vulnerabilidad en la que estas personas se encuentran debido, entre otros factores, a que carecen de la información suficiente para poder reclamar sus derechos ante la Administración o los tribunales. Precisamente, una de las mayores preocupaciones que tienen los enfermos crónicos o sus familiares es qué va a ocurrir con sus derechos una vez que han recibido el diagnóstico. Algunas de ellas acuden a la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá buscando esa alfabetización legal.

Por todo ello, en España hay que seguir dando pasos para que la respuesta a las enfermedades crónicas esté decididamente basada en los derechos, eliminando todas las barreras que impiden su disfrute en igualdad de condiciones.

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